Sostenibilidad, impuesto verde e institucionalidad


Ignacio Santelices, director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética.

Los distintos candidatos y candidatas presidenciales han incluido en sus programas de gobierno el tema de la sustentabilidad. A modo de contribuir al debate que se generará en los próximos meses en torno a este tema, quiero plantear dos elementos que me parecen clave si queremos avanzar, de verdad, a una economía libre de carbono, más productiva y con mejor calidad de vida, en las próximas décadas.

Uno, el Impuesto Verde, que hoy es muy tímido, tanto por su cuantía (US$ 5 /tCO2e) como por su cobertura. Un impuesto de US$ 30 como el que está puesto hoy en el tapete, y que se aplicase a todas las fuentes de emisión (gasolina, diésel, kerosene, electricidad, gas), permitiría recaudar en torno a los US$ 2.300 millones anuales. Naturalmente, existirá la tentación de eximir ciertos usos para no subir el gasto de los hogares, ya que un impuesto de esa cuantía subiría en $ 50 el litro de diésel o gasolina; en $ 3.000 el precio de un balón de gas de 45 kgs.; o en $ 1.500 una cuenta tipo mensual de electricidad. En este caso, la recaudación caería a cerca de US$ 1.800 millones anuales.

Esos US$ 1.800 millones podrían generar cambios muy significativos en nuestro país si se invirtieran en sostenibilidad. Por ejemplo, en tan sólo cinco años se podría solucionar el problema de contaminación del centro-sur del país, cambiando los dos millones de estufas a leña por sistemas eléctricos con paneles solares.

Sin embargo, si se trata de un impuesto, todos los recursos se van a los fondos generales de la nación, y nada asegura que se reinviertan en sostenibilidad. Si en lugar de un impuesto se tratase de un “cargo al CO2”, como existe en diversos países para el consumo de energéticos, podría “afectarse” y destinarse íntegramente a desarrollar iniciativas de sostenibilidad, lo que le cambiaría definitivamente la cara a nuestro país en pocas décadas.

El segundo elemento es la infraestructura existente. En Chile hay más de cinco millones de edificaciones, dos tercios de las cuáles fueron construidas antes de 2000, sin estándares de eficiencia energética. Tienen tan mala aislación térmica, que su aire interior se recambia completamente cada 20 minutos. Lo mismo aplica en miles de escuelas y jardines infantiles, donde la temperatura en invierno está por debajo del mínimo y los niveles de CO2, humedad y ruido, están por sobre los niveles razonables para que los niños puedan aprender adecuadamente en sus salas.

En este sentido, existen millones de edificaciones privadas y miles de edificios públicos que requieren inversiones. A modo de ejemplo, una vivienda en que se inviertan $ 5 millones, puede reducir el gasto de energía en 30-50% y recupera la infraestructura deteriorada. En el caso de una escuela, al invertir $ 300 millones se recupera una infraestructura de varios miles de millones de pesos y se asegura una temperatura, niveles de humedad, CO2 y ruido adecuados para aprender.

Adicionalmente, estas iniciativas son intensivas en mano de obra, y su masificación crearía cientos de miles de empleos. En este sentido, cobra especial importancia que la inversión en infraestructura que hace el Estado se enfoque, principalmente, en recuperar y llevar a los estándares actuales la infraestructura existente, más que en desarrollar infraestructura nueva.

La sostenibilidad debiese ser uno de los pilares de cualquier programa de gobierno, del cual se desprenden mejoras en la calidad de vida, mayor equidad, mejor educación, mejor salud, más desarrollo económico y cuidado por el medioambiente.

Fuente: Diario Financiero

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