La actividad, organizada por la Agencia de Sostenibilidad Energética y el Ministerio de Energía, reunió a representantes del sector público, empresas, gremios y academia para compartir los resultados del trabajo colaborativo desarrollado durante el año y conocer los principales lineamientos de la Estrategia Nacional de Electromovilidad 2030.
Con la participación de autoridades, representantes de empresas, instituciones públicas, academia y organizaciones vinculadas al sector energético y del transporte, se realizó el encuentro de cierre del Acuerdo Público-Privado por la Electromovilidad 2026, iniciativa que busca fortalecer la articulación del ecosistema nacional y acelerar la incorporación de tecnologías cero emisiones en el transporte.
La actividad, organizada por la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) y el Ministerio de Energía, permitió presentar los principales resultados del trabajo desarrollado durante este año por las organizaciones adheridas al Acuerdo, además de abordar los avances de la política pública nacional, especialmente la actualización de la Estrategia Nacional de Electromovilidad al 2030 y el Plan Maestro de Infraestructura de Carga Pública.
Uno de los principales hitos presentados durante la jornada fueron los resultados del primer proceso de seguimiento a los compromisos de las organizaciones participantes. En total, se recibieron 45 reportes, de los cuales 34 organizaciones, equivalentes al 77%, informaron avances cuantificables directamente asociados a la electromovilidad.
Entre los resultados destacan la instalación de 553 cargadores de vehículos eléctricos, la capacitación de 1.988 personas y la incorporación de 148 vehículos livianos, 66 medianos, 37 camiones de carga pesada y 10 buses en operación o adquiridos.
Las cifras reflejan el avance de la electromovilidad en distintos sectores productivos y muestran cómo las organizaciones están incorporando progresivamente nuevas tecnologías en sus operaciones. Entre las experiencias destacadas se encuentran Chilexpress, que alcanzó una flota de 200 vehículos eléctricos activos en 16 ciudades del país; CCU, con 46 vehículos eléctricos incorporados a sus operaciones; y la Compañía Chilena de Transportes Intermodales, que concretó la llegada de 15 tractocamiones eléctricos de alto tonelaje.
También se relevaron iniciativas en el ámbito aeroportuario, con la incorporación de 14 equipos eléctricos de soporte terrestre por parte de AMS, a través de Acciona Airport Services. Además de avances en investigación, interoperabilidad de cargadores, segunda vida de baterías y formación de capital humano.
Al respecto, el Director Ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética, Diego Torres, destacó el valor del trabajo colaborativo y el papel que ha desempeñado la institución en la dinamización de este espacio.
“Desde la Agencia de Sostenibilidad Energética hemos asumido el desafío de implementar y dinamizar este espacio, porque entendemos que nuestro rol es precisamente contribuir a que las políticas públicas se traduzcan en iniciativas concretas, que movilicen a las organizaciones y generen resultados para el país”, señaló.
Asimismo, destacó que el impacto del Acuerdo va más allá de los indicadores de vehículos incorporados o infraestructura instalada. En efecto, el 72% de las instituciones que reportaron avances manifestó que su participación en esta iniciativa fortaleció sus propias hojas de ruta de descarbonización y aceleró su vinculación con proveedores tecnológicos.
Por su parte, el Jefe de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía, Marcelo Urutia, destacó la importancia estratégica de la electromovilidad para el país, tanto por su contribución a la sostenibilidad ambiental como por las oportunidades que representa en materia de seguridad energética y competitividad.
En esa línea, destacó la actualización de la Estrategia Nacional de Electromovilidad al horizonte 2030, que establece como objetivo alcanzar una participación del 20% de vehículos cero emisiones en las ventas de vehículos livianos y medianos a 2030, manteniendo la meta de llegar al 100% al año 2035.
La autoridad también relevó la importancia de avanzar en infraestructura de carga, fortalecer el marco regulatorio, generar condiciones para la inversión y desarrollar capital humano especializado, considerando además nuevos segmentos como el transporte de carga, los buses interurbanos y la maquinaria especializada.
Por su parte, la Superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, señaló que la SEC -una de las 12 organizaciones reconocidas este año por su trayectoria en el Acuerdo por la Electromovilidad- juega un rol clave en la electromovilidad y su desarrollo, “principalmente al fiscalizar que la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos esté disponible y funcionando, y el usuario no tenga la ansiedad de carga y pueda saber adónde dirigirse. De la misma manera, adelantarnos a la normativa: cómo se hace, cómo se carga, cómo se instala una infraestructura de recarga, qué vehículo debe funcionar para estos efectos, cuál es el estándar. En la definición técnica está la Superintendencia, en la definición y fiscalización de seguridad, también”.
Durante el encuentro se abordaron igualmente los alcances del Plan Maestro de Infraestructura de Carga Pública y los instrumentos de fomento para acelerar el despliegue de esta infraestructura, entre ellos el programa +Carga Rápida GEF 7 2026, orientado a apoyar la instalación de puntos de carga rápida de acceso público en cinco zonas urbanas que actualmente no cuentan con este tipo de infraestructura.
El Acuerdo Público-Privado por la Electromovilidad nació en 2017 y se ha consolidado como una plataforma de colaboración entre instituciones públicas, empresas, academia y organizaciones gremiales. En su versión 2026 reúne a 198 organizaciones, que contribuyen desde sus respectivos ámbitos al desarrollo de un ecosistema de transporte más limpio, eficiente y sostenible.





