El Plan Nacional de Eficiencia Energética, contemplado en la ley que se aprobó el año pasado, recién terminó su proceso de consulta ciudadana y establece un conjunto de medidas que empiezan en 2022. De cara a lo que viene, las expectativas son positivas.
Ya pasó un año desde la aprobación de la Ley de Eficiencia Energética, un cuerpo legal que contempla, entre otros aspectos, una meta de reducción de intensidad energética de al menos 10% al 2030 con respecto al año 2019, y que abarca la eficiencia energética residencial, estándares mínimos y etiquetado de artefactos, eficiencia energética en la edificación y el transporte, ciudades inteligentes, sectores productivos, educación y capacitación.
Implementarla no será sencillo, pero las expectativas sobre su avance son positivas, pese a que el ritmo es lento. Ignacio Santelices, director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), dice que, aunque todavía se trabaja en los reglamentos de la ley, ya se ve “un mayor interés” en la industria por incorporar sistemas de gestión en sus operaciones para cumplirla. “En el sector inmobiliario están empezando a revisar sus técnicas constructivas para cuando entre en vigencia el etiquetado, y en transportes están revisando la composición de las flotas que se importan, para así cumplir con los futuros estándares de rendimiento”, ejemplifica.
Rodrigo Vásquez, asesor técnico del Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética de GIZ, también valora cómo se están preparando las empresas energo-intensivas, especialmente en materia de capacitación interna para enfrentar los distintos requerimientos que la norma impondrá, y observa que algo similar está ocurriendo en la minería.
Los impactos
En su primer artículo, la ley establece la necesidad de contar con un Plan Nacional de Eficiencia Energética, cuyo proceso de consulta pública finalizó recientemente, y aunque el Ministerio de Energía aún no publica los resultados, los expertos dicen que en función de sus pilares se puede anticipar cuáles son los pasos que vienen.
Vásquez señala que el sector minero es muy importante, a partir de la implementación de sistemas de gestión de energía que permitirán conocer y caracterizar los consumos energéticos fundamentales e identificar opciones de mejora.
Carlos Silva, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, destaca que el plan establece un conjunto diverso de medidas cuya fecha de partida es este año, pero subraya que será a comienzos de 2023 cuando se podrán evaluar impactos concretos.
Por ejemplo, en la facilitación de implementación de gestión de energía en las PYME; la formación de especialistas en el sector transporte; el fomento al reacondicionamiento térmico en viviendas existentes; y una esperada actualización y ampliación del etiquetado de artefactos. “Aunque muchas metas parten hacia la mitad de período del plan, éste también contempla medidas para su primer año de vigencia, y eso nos permitirá evaluar su desempeño en el corto plazo, junto con mantener un monitoreo para el resto del horizonte del plan”, señala Silva.
El reto ahora es “realizar sensibilización respecto a prácticas que involucren un uso racional de energía, para que todos, a través de un cambio de cultura, seamos parte del plan”, explica María Agustina Herrera, líder SGI de R&Q.
Cerras brechas
Entre los desafíos, Vásquez destaca las brechas existentes en el personal especializado, no solo en eficiencia energética sino que en un “entendimiento integral” de la gestión de la energía. “En el sector minero hay áreas como mantención, excelencia operacional, instrumentación y control, o gerencia, que están estrechamente relacionados con la gestión energética y su interrelación; y el considerar metas conjuntas de eficiencia entre áreas es lo que permitirá obtener resultados globales para las compañías”, acota. Santelices apunta al financiamiento, pues “fluctúa en forma importante entre un año y otro”, y cree que lograr uno “más estable y ambicioso” mejoraría el escenario. En esa línea, recomienda mirar las experiencias europeas e incluso de Estados Unidos, donde la eficiencia energética se financia a través de un cargo a los energéticos o al CO2, y considerarlo en el marco de una futura reforma tributaria y de la discusión de los impuestos verdes.
Fuente: Diario Financiero